Según el INEI (2024) nuestro país retrocedió seis años en la lucha contra la inseguridad ciudadana, evidenciando que el 27,1% de ciudadanos fue víctima de delitos en el 2023. Al respecto, Ipsos (2024) mostró que la percepción de inseguridad en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes en donde un 63% de la población cree que la seguridad ha empeorado en el último año, un porcentaje aún mayor se siente inseguro al transitar por las calles e incluso dentro de sus propios hogares. Lima, considerada la ciudad más peligrosa del país, refleja un panorama aún más crítico, con un 70% de ciudadanos que perciben un retroceso en la lucha contra la inseguridad ciudadana (Ipsos, 2024). Este clima de miedo y zozobra no solo ha generado una profunda preocupación en la sociedad, sino también ha puesto en entredicho la eficacia de las políticas públicas implementadas por el Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana; toda vez que los estados de emergencia han resultado insuficientes, mientras que otras propuestas, como el uso de tecnología o el fortalecimiento de equipos de inteligencia, aunque aprobadas por la mayoría de los ciudadanos, carecen de ejecución concreta. En este contexto, surge una interrogante clave: ¿Son realmente efectivas las medidas propuestas para combatir la inseguridad ciudadana o es necesaria la participación ciudadana en un régimen democrático de Estado de Derecho? Desde nuestra perspectiva, consideramos que las medidas propuestas por el Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana no son realmente efectivas, siendo necesario que los ciudadanos nos involucremos a fin de consolidar el Estado de Derecho, en el que se ejercite una democracia real. En los siguientes párrafos, sustentaremos nuestra postura basándonos en conceptos relacionados al Estado de Derecho, la Democracia y la Ciudadanía.
En primer lugar, Gisela Fernandez y Gustavo Zambrano (2010) refieren que el Estado de derecho es un principio de legalidad que se da en el marco de una democracia y que impone una serie de condiciones al manejo de la autoridad del Estado a fin de que se nos proteja como ciudadanos. En dicho contexto, todos y todas las personas deberíamos respetar lo que la ley señala, porque ha sido resultado de la acción del poder legislativo, que no hace más que representar la voluntad popular de la sociedad, considerando además, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Estos resultan de vital importancia, pues permiten concretar la dignidad del ser humano (Gisela Fernandez y Gustavo Zambrano, 2010). No obstante, hoy en día como consecuencia de los actos delincuenciales. derechos como la vida, la libertad, y el libre desarrollo vienen siendo vulnerados, situacion que nos lleva a concluir que no nos encontramos en un Estado de Derecho. Esta situación, conlleva a que la democracia en nuestro país no se ejercite, por la debilidad de nuestras instituciones, principalmente la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
.
En segundo lugar, Touraine (2015) menciona que hay democracia sin adhesión de la mayoría a los principios centrales de una sociedad y de una cultura, pero tampoco la hay sin conflictos sociales fundamentales. En nuestro país, se muestra que una parte de la sociedad se aleja de los principios que garantizan la paz social, perpetrando actos delincuenciales, como el sicariato, el robo, la extorsión, volviendo nuestras calles inseguras. Dicha situación, genera un conflicto social que se desboca en la inconformidad de la población respecto al accionar de sus autoridades en la lucha contra la delincuencia, lo que nos habilita a la participación de la ciudadanía para que coadyuve a la solución de esta problemática.
En tercer lugar, y considerando que no vivimos en un Estado de Derecho, en el que se desarrolle la democracia, es necesario que ejerzamos una ciudadanía activa, más no pasiva. Sobre este aspecto, Savater (2007) señala que la ciudadanía democrática es la forma de organización social, y que exige un espacio público en el que se planteen preocupaciones y el debate. Dicho de otro modo, ser ciudadano implica no aceptar pasivamente la autoridad, sino salir del plano de subordinación para ser un agente del desarrollo propio y colectivo. En dicho contexto, si las medidas adoptadas por el Gobierno no son realmente efectivas, desde la percepción ciudadana, nos corresponde como ciudadanos intervenir a fin de brindar también propuestas de solución. Siguiendo a Savater (2007) el ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, el que señala que “no se mete en política”, porque cede a otros sin saberlo la capacidad de toma decisiones sobre lo que antes o después va a afectarnos. Sobre ello, la población en los últimos meses, a través de paros de transportistas y otros sectores ha expresado su clamor para que el Congreso y al Ministerio del Interior, modifiquen una serie de normas que con clemencia regulan las intervenciones policiales, en favor de los presuntos delincuentes. Sin embargo, es necesario, que la participación ciudadana no se limite a la protesta, que es válido, sino que además promovamos propuestas de solución concretas desde la realidad que vive cada sector de la población, vale decir, transportes, comercio, hogares, entre otros.
En conclusión, consideramos que las medidas propuestas por el Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana no son realmente efectivas, siendo necesario que los ciudadanos nos involucremos a fin de consolidar el Estado de Derecho, en el que se ejercite una democracia real y se fortalezcan nuestras instituciones. Para ello, es importante nuestras instituciones, como la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y el Poder Judicial, implementen mecanismos de reforma, para excluir a los malos elementos que no permiten luchar contra el incremente de la inseguridad ciudadana. Asimismo, que la ciudadanía se involucre a través de mecanismos de participación en la lucha contra la inseguridad ciudadana, desarrollando iniciativas de seguridad.
Referencias bibliográficas:
● Fernández, G. & Zambrano, G. (2010). El estado de derecho en la construcción de la ciudadanía. En Millán, A., & Vélez, O. (Comps.), Ética y ciudadanía. Los límites de la convivencia (pp. 225-242). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
● Savater, F. (2007). Diccionario del ciudadano sin miedo a saber (pp. 6 – 13). Ariel.
● Touraine, A. (2015). ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica.