Según CNN (2023) señaló que Amnistía Internacional ha denunciado un “marcado sesgo racista” en la actuación de las fuerzas de seguridad, acusándolos de emplear de manera desproporcionada la fuerza letal contra poblaciones indígenas, quienes han sido históricamente marginadas. De ahí que, el medio de comunicación informó que se documentaron 12 muertes en las que “todas las víctimas parecían haber recibido disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría indicar, en algunos casos, el uso intencional de fuerza letal. Ante esta situación, surge una interrogante clave: ¿Es justificable el uso de la fuerza para controlar el descontento social, o debería buscarse un equilibrio que respete los derechos fundamentales de todos los ciudadanos? Desde nuestra perspectiva, consideramos esencial que el gobierno busque dicho equilibrio, preservando tanto la seguridad pública como los derechos humanos. En los siguientes párrafos, sustentaremos nuestra postura basándonos en los conceptos de ciudadanía de F. Savater y E. Jelin, la relación entre Estado y sociedad en Perú, y el ideal de Democracia y Estado de derecho según Fernández y Zambrano.
En primer lugar, Cotrina (2013) señala que los Estados tienen el deber de construir las bases indispensables de justicia, con el objetivo de que las personas desarrollen sus planes de vida (felicidad). Siguiendo esa línea, se debe exigir al Estado principios éticos básicos para asegurar la convivencia pacífica de las personas, quienes deben gozar de igualdad de oportunidades. En dicho contexto, consideramos que es esencial que el gobierno busque un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto por los derechos humanos, ya que ambos son pilares fundamentales de un Estado de Derecho sólido. Roberts (1979), define al Estado como la presencia de una autoridad suprema que gobierna sobre un territorio específico, reconocida por sus gobernados como poseedora de poder para tomar decisiones en asuntos de gobierno, y capaz de hacer cumplir tales decisiones y mantener el orden establecido. En ese orden de ideas, el Estado puede manifestar su poder de mando sobre los habitantes de su territorio. En segundo lugar, el ciudadano tiene el derecho inalienable de expresar sus opiniones y demandar cambios, especialmente en un país con diversidad cultural. Ignorar estas voces en nombre de la seguridad no solo perjudica la democracia, sino que también refuerza desigualdades en comunidades indígenas y rurales. Es así, que, el autor Lerner (2007) refiere que la vida humana y la integridad física de todas las personas poseen un valor absoluto, siendo una de las más grandes conquistas de la humanidad contemporánea. En tercer lugar, Taylor (1993) plantea la importancia de reconocer la identidad del otro en sus diferencias, para garantizar el respeto de los derechos humanos, en una sociedad democrática. El enfoque intercultural en la política pública puede ayudar a comprender mejor las demandas de estos grupos e integrar sus perspectivas en la toma de decisiones. Porque , la represión violenta de las protestas debilita la confianza en el Estado y crea desconfianza entre la sociedad y las instituciones. Al priorizar un diálogo abierto y constructivo, el gobierno puede abordar las causas del malestar social en lugar de limitarse a reprimir las manifestaciones. Además, la convivencia democrática exige que el Estado y la sociedad colaboren para crear un entorno donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Esto incluye el reconocimiento de la diversidad cultural y la promoción de políticas que favorezcan la inclusión y el entendimiento mutuo. Ignorar estos aspectos puede llevar a un ciclo de violencia que afecta tanto a las comunidades en protesta como a la estabilidad del país. Así, al encontrar este equilibrio, Perú podrá avanzar hacia un modelo de gobernanza más justo y equitativo, fortaleciendo el tejido social y garantizando una paz duradera.
En conclusión, la Amnistía internacional y el informe que se realizó sobre las protestas en nuestro país abordan una problemática importante, sin embargo es esencial que exista un equilibrio en relación con los derechos humanos de la sociedad. En primer lugar, debe de existir una proporción de la fuerza que implanta el Estado frente a la población, ante ello se debe de aplicar tácticas y estrategias que respeten los derechos humanos y las normas internacionales. En segundo lugar, existe discriminación hacia los pobladores indígenas, ante ello es esencial crear programas enfocados en combatir el racismo fomentando la cultura y el respecto a las comunicades indígenas. En tercer lugar, existe una falta de transparencia respecto a la rendición de cuentas de los casos de violencia donde es esencial sancionar a los responsables que generan algún tipo de represión de modo que se fortalezca la imagen y la confianza que deberían de representar las instituciones.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
● Cortina, Adela (2013) ¿Para qué sirve realmente…? La Ética. Madrid, PAIDOS. Ver en: https://utp-prd-upload-file-storage.s3.amazonaws.com/pao/content/24544fa5-a325-4106-9749-4c4609b8fd81/Semana%2B04%2B-%2BPDF_CZWEOA.pdf
● Lerner, Salomón 2007). Ética y Derechos Humanos. En F. Tubino, & M. Giusti (Eds.), Debates de la ética contemporánea. Pontificia Universidad